Cualificados representantes de nuestro sector financiero y político proclaman estos días la salida de la crisis o la llegada “por todas partes” de dinero a España. Sin duda, cualquier político responsable se alegraría de la mejora de la economía. Pero seamos realistas. Una cosa es dejar de decrecer y otra dejar atrás la crisis.
Estaremos superando esta crisis cuando comencemos a remontar los graves efectos que ha tenido en nuestra economía y en los ciudadanos, en nuestras empresas y en el empleo. En los últimos años el desempleo ha aumentado de manera insoportable y la sociedad española se empobrece a pasos agigantados.
Debería ser evidente que solo desde la igualdad de todos los ciudadanos será posible la ansiada recuperación económica. La recuperación auténtica, la que sienten los ciudadanos en su día a día, y no la que se refleja solo en algunas cifras macroeconómicas o en el balance de bancos, multinacionales o grandes fortunas.
Y para que la igualdad sea una realidad es preciso mantener la cohesión social, un elemento básico en un Estado democrático y de derecho. Es por ello que Andalucía apuesta por un modelo de financiación autonómica justo, que garantice los recursos destinados a la prestación de servicios públicos fundamentales y elimine las desigualdades de financiación entre comunidades autónomas.
Andalucía lleva denunciando la incorrecta aplicación del actual modelo de financiación desde el año 2005, independientemente del color político del Gobierno central, ya que los recursos no están siendo suficientes y están llegando a las comunidades de manera desigual.
Si todos somos iguales a la hora de pagar, seamos iguales a la hora de recibir
Desde 2009 Andalucía ha dejado de percibir 2.800 millones de euros por un modelo de financiación injusto y discriminatorio. Hay regiones que disfrutan de una financiación por habitante de más del 120% de la media, mientras que otras apenas llegan al 90%. En nuestro caso, recibimos 125 euros menos por habitante que la media nacional.
Andalucía apuesta por la población como principal variable a tener en cuenta en el modelo de financiación, como ocurre en la mayoría de los sistemas federales de financiación. Parece lógico que, si se trata de financiar servicios públicos que atienden a personas, en la distribución de recursos habrá que tener en cuenta como elemento fundamental su número.
Frente a la solidaridad entre territorios, Andalucía defiende la justicia social entre ciudadanos. Tributan los ciudadanos y las empresas, no los territorios. ¿Cuántas empresas tienen negocio en Andalucía y tributan en Madrid o Cataluña?
Demandamos, asimismo, una mayor autonomía financiera y corresponsabilidad fiscal. En estos últimos años, Andalucía ha llevado a cabo un ingente esfuerzo en el ámbito de nuestras competencias normativas, para incrementar los ingresos tributarios y luchar contra el fraude fiscal, intentando contrarrestar los efectos de la crisis o la propia aplicación incorrecta del modelo de financiación.
El Gobierno de España ha de impulsar, sin más dilación, una negociación multilateral para un nuevo modelo de financiación más justo, fruto del consenso. Si todos somos iguales a la hora de pagar, todos tenemos que ser iguales a la hora de recibir.
Este nuevo modelo de financiación no puede ser utilizado, en ningún caso, como moneda de cambio para aliviar tensiones territoriales que no se han sabido solucionar de otra manera. Andalucía se opondrá frontalmente a cualquier intento de privilegio o discriminación.
Hace 30 años, en la conformación del Estado autonómico, Andalucía fue garantía de igualdad entre todos los españoles. Hoy estamos en disposición de volver a serlo, desde el firme convencimiento de que solo desde la igualdad es posible la recuperación económica.
